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Posición de la CCCR ante los últimos acontecimientos de la huelga de los sindicatos

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Los Estados, en efecto, disponen de muy diversos medios para procurarse armas, entre otros bajo forma de ayuda militar, de donación, de trueque de bienes, así como también por la modificación o modernización de los sistemas de armas de que ya disponen, o bien recurriendo a su producción local bajo licencia. Es difícil determinar con exactitud la magnitud de las transferencias de armas porque no se dispone de informaciones precisas. A veces los gobiernos invocan razones de seguridad, o de competitividad económica, para justificar su reticencia a suministrar datos detallados sobre sus exportaciones o importaciones de armas.

En otros casos, el secreto es debido a la naturaleza poco clara o a la disputable legalidad de ciertas transacciones. Las cifras suministradas por los gobiernos, así como las evaluaciones que llevan a cabo los organismos especializados, entrañan por consiguiente un margen de error considerable.

El colapso de los regímenes totalitarios en Europa oriental y central ha hecho brotar de nuevo sentimientos nacionalistas y antagonismos étnicos latentes. En varias partes del mundo, poblaciones enteras se ven cruelmente afectadas por guerras internas, en las cuales parece que las facciones opuestas son capaces de obtener todas las armas que necesitan, no sólo para defenderse, sino también para atacar y contraatacar en una interminable espiral de violencia.

En ciertos casos, la autoridad política se ha desagregado, con lo cual se plantea la cuestión de saber quién puede o debe intervenir para proteger a las víctimas inocentes y para poner fin a los conflictos entre facciones rivales. El desmantelamiento del sistema de bloques en Europa también ha aumentado la cantidad de armas potencialmente disponibles. El control efectivo de este proceso encuentra particulares dificultades.

En varios Estados del mundo occidental, el estancamiento económico y la desaparición de la amenaza de guerra entre los dos bloques han tenido como resultado una reducción de sus presupuestos militares. Mediante esas transacciones, algunos países de Europa central y oriental, procuran obtener las divisas fuertes que tanto necesitan ciertos países p ara enfrentarse con lo s problemas sociales y económicos que les acosan.

La nueva configuración política Este-Oeste, la crisis económica, la deuda exterior, y un cierto grado de saturación del mercado son otros tantos factores que contribuyen a esta evolución. Sin embargo, nada indica que esta disminución sea una tendencia ya consolidada y duradera. No obstante estas numerosas incertidumbres y complejidades, se ofrecen actualmente nuevas oportunidades para enfrentar directamente el problema de la transferencia de armas.

También parece afianzarse un espíritu de colaboración entre Estados mediante la creación o el fortalecimiento de agrupaciones de Estados a nivel regional. Se lleva a cabo dentro de un contexto muy preciso: No basta, por consiguiente, examinar el fenómeno sencillamente en términos de cantidad o de costes. Hay, por otra parte, diversas instancias regionales e internacionales que se ocupan de la cuestión.

Hay que saber aprovechar esta coyuntura favorable para reglamentar de manera efectiva este fenómeno y reducirlo radicalmente. La transferencia de armas plantea, en efecto, graves problemas morales que hay que enfrentar con lucidez. Ninguna transferencia de armas es moralmente indiferente. Al contrario, pone en juego toda una serie de intereses políticos, estratégicos y económicos a veces convergentes, a veces divergentes, que entrañan cada vez consecuencias morales específicas.

La licitud de la transferencia —sea por venta, compra, o por cualquier otro medio— no se puede apreciar si no se toman en consideración todos los factores que la condicionan. Cada transferencia debe, por consiguiente, ser sometida a riguroso enjuiciamiento, realizado siguiendo criterios morales bien precisos.

Estos principios generales rigen para todos, con los necesarios matices. En , en su alocución a la Asamblea General de las Naciones Unidas , Pablo VI, plenamente consciente de la gravedad de su Mensaje, pronunció las siguientes palabras:. La paz, la paz ha de ser la que guíe el destino de los pueblos y de toda la humanidad.

La guerra no es la solución de los problemas políticos, económicos o sociales: Los Estados mismos, por otra parte, reconocen desde hace mucho tiempo la inutilidad de la guerra y han intentado, desgraciadamente sin éxito, prohibir todo recurso a las armas para resolver los conflictos.

En un mundo en el que subsisten el mal y el pecado, existe el derecho a la legítima defensa mediante el recurso a las armas. Existe una exigencia igualmente grave: El Estado, con todo su pueblo, tiene igualmente la imperiosa obligación de actuar para garantizar las condiciones de la paz, no sólo en su propio territorio, sino en todo el mundo.

Empieza a mejor definirse actualmente un nuevo deber permanente: El mundo actual queda paralizado ante el sufrimiento de millares de inocentes, víctimas de intereses que les son a menudo ajenos.

Son estas las tragedias que plantean la cuestión del deber de intervenir en favor de poblaciones que no tienen medios para asegurar la propia subsistencia:. Porque de eso se trata precisamente. La definición del derecho de los pueblos a la ayuda humanitaria podría conducir, en efecto, a una nueva expresión del concepto de soberanía. Sin menoscabo de este principio, hay que encontrar la manera de poder defender a las personas, dondequiera se encuentren, contra males de los cuales ellas son sólo víctimas inocentes.

El hecho de que el Estado pueda legítimamente poseer armas y, por consiguiente, el derecho implícito a transferirlas o a recibirlas, entraña graves obligaciones. Este principio se opone a la acumulación excesiva de armas o a su transferencia indiscriminada.

Es evidente que incumbe en primer lugar a los países importadores de armas sopesar cuidadosamente los motivos de su propósito de adquirir armas. Las obligaciones que se derivan del principio de suficiencia son graves y restrictivas. El hecho de introducir nuevas armas en una región puede, en efecto, poner en marcha una carrera de armamentos entre países vecinos o desestabilizar toda la región. Toda adquisición tiene que sujetarse al estricto criterio de suficiencia.

En una esfera tan delicada como la de la defensa nacional, es difícil para un país exportador juzgar si la transferencia de ciertos sistemas de armas rebasa o no estas necesidades. Sin embargo, estas dificultades no pueden dispensar a los responsables de tomar en consideración todos los elementos pertinentes antes de pronunciarse a favor de una posible transferencia.

Desde luego, la posesión de armas puede tener un efecto de disuasión, pero las armas tienen asimismo otra finalidad. Existe, en efecto, una estrecha e indisoluble relación entre las armas y la violencia. Sea el comercio de armas gestionado directamente por el Estado o no, es al mismo Estado que incumbe el deber de asegurarse que dicho comercio queda sujeto a muy riguroso control.

He aquí el primer interrogante que los responsables de cada país exportador tienen la obligación de plantearse, y muy justificadamente, puesto que nadie puede permitirse considerar el comercio de armas como un elemento ordinario de las relaciones entre Estados.

Al contrario, todos los responsables de tal comercio deben reevaluar constantemente las razones que se dan para justificarlo.

Es sin embargo necesario resistir a las presiones económicas en favor del aumento de la venta de armas. Entre las razones que se invocan a favor de este comercio figura la necesidad de cubrir los elevados costes de producción de las armas necesarias a la defensa nacional, o bien la importancia de mantener una industria fuerte y tecnológicamente adelantada para poder hacer frente a toda futura amenaza.

También se afirma con vigor la necesidad de mantener puestos de trabajo. Hoy día, la necesidad de una profunda transformación de la configuración económica y política ofrece a los gobiernos y a la industria de armamentos una oportunidad favorable para unir decididamente sus fuerzas y planificar la conversión, la diversificación o la reestructuración de la industria militar.

La experiencia reciente revela, sin embargo, hasta qué punto es difícil una tal reorganización industrial. Los necesarios reajustes pueden llegar a provocar desequilibrios económicos considerables a nivel local y, por lo menos a corto plazo, dolorosas supresiones de puestos de trabajo.

Estas dificultades, por reales que sean, no pueden legitimar la conservación de una industria de armamentos sólo a causa de los riesgos que puedan entrañar los reajustes, o con el objeto de proteger puestos de trabajo. Al mismo tiempo, los responsables de la industria tienen que tener en cuenta los problemas humanos que provocan tales transformaciones. Puesto que el Estado es generalmente el primer comprador de las armas producidas en su territorio, entra igualmente en juego su responsabilidad.

Tanto aquéllos como éste, cada cual en su esfera de competencia, tienen el deber de asegurar a los obreros afectados por los cambios un reciclaje profesional que les permita ingresar de nuevo en el mundo del trabajo, y ofrecer una asistencia social adecuada a los que la necesiten. Los países de Europa oriental y central tienen problemas particularmente graves en lo que se refiere a la conversión de su industria militar.

Pueden justificadamente solicitar una ayuda exterior para sus esfuerzos de transformación industrial. Si disminuyen las presiones económicas orientadas hacia la venta de armas, los Estados podrían abordar la legitimidad, o falta de ella, de las transferencias de armas en un contexto político.

Aunque es verdad que no se puede nunca ignorar la fuerza de los intereses económicos, toda transferencia de armas tiene que estar estrictamente sometida a un control político. Por otra parte, la mayoría de los Estados exportadores han ya reconocido esta necesidad y han actuado en consecuencia. Pero esto no basta; es necesario que los gobiernos manifiesten su voluntad de hacer respetar sus leyes y reglamentos.

Seria una aberración moral que un gobierno no velase por la aplicación de las leyes vigentes. Para pronunciarse con conocimiento de causa sobre las transferencias de armas, los organismos gubernamentales competentes necesitan informaciones precisas sobre la destinación final de las armas, sobre las necesidades del país en cuestión en materia de seguridad, y sobre el flujo de armas que esté circulando por la región.

Los miembros del gobierno, los militares, los que se dedican a la producción y a la venta de armas comparten todos ellos esta misma responsabilidad con sus conciudadanos, pero en grado mayor en razón de sus funciones. Es a los gobiernos de dichos Estados que incumbe la responsabilidad de elaborar medidas de control a nivel internacional. Si estos mismos gobiernos no instalan medidas de control a nivel nacional, corren el riesgo de desvirtuar el efecto de cualquier eventual control internacional.

El Estado también tiene el deber de asegurarse de que la industria de armamentos y los agentes encargados de negociar los contratos respeten en su totalidad toda reglamentación de la transferencia de armas. Este severo juicio se aplica igualmente a las empresas que transfieren piezas sueltas o mercancías de doble empleo, cuando saben positivamente que dichas mercancías pueden probablemente ser utilizadas con fines hostiles.

En efecto, ciertos países en vía de desarrollo, que anteriormente importaban sus armas, han decidido fabricarlas localmente y entrar en el mercado mundial de armamentos. Estos nuevos productores de armas ofrecen generalmente —y en particular a otros países en vía de desarrollo— bien armas ligeras, bien armas tecnológicamente menos sofisticadas a precios atractivos.

Hay países que se sienten movidos a ello para satisfacer sus propias necesidades de seguridad ante determinadas situaciones regionales. Para otros, lo que predomina son los intereses comerciales o las aspiraciones políticas, mientras que otros todavía, sometidos a embargos, desarrollan su propia industria, lo cual les permite a la larga convertirse en exportadores de armas.

Independientemente de estos motivos, el interrogante persiste: Los esfuerzos de todos los Estados deberían, por el contrario, tender a la disminución de la producción de armas y no a su aumento. Por diferente que sea, la responsabilidad de los Estados destinatarios de armas no es menos estricta que la de los Estados exportadores. En toda circunstancia y en todo lugar, el bien de la población tiene prioridad por encima de todo otro interés nacional.

Ahora bien, en ciertos países en vía de des arrollo, los gasto s militares son superiores a los reserva dos para educación y salud juntas: Las respuestas a estos interrogantes revelan hasta qué punto la compra de armas entraña el riesgo de debilitar el conjunto del tejido social.

Ciertos países en vía de desarrollo siguen pagando un oneroso precio por haber solicitado o aceptado ayuda extranjera en forma de asistencia militar, lo cual ha notablemente incrementado su deuda exterior.

Ante la pobreza que va creciendo por el mundo, es preciso reexaminar el problema de la deuda exterior también a la luz de la transferencia de armas y de la ayuda militar para encontrarle soluciones definitivas.

Pero la seguridad de un país no puede reducirse a la capacidad de defenderse mediante la acumulación de armas.

Podrían, en particular, considerar la integración económica combinada con acuerdos sobre cuestiones de seguridad. Ciertas compras de armas sirven ante todo para el prestigio personal de un dirigente o de una clase política, lo cual ya de por si representa una amenaza al bien del pueblo.

No se le puede reconocer legitimidad a ninguna compra caracterizada por tales motivos. Lejos de ser un signo de prestigio, la acumulación de armas representa a menudo debilidad política.

Todos los Estados importadores, pequeños o grandes, tienen también que reconocer la responsabilidad que asumen al introducir armas en su región.

La transferencia de armas puede, en efecto, ir acompañada de condiciones que contradigan su legitima aspiración a la independencia. Si los ciudadanos se ven reducidos al silencio a nivel nacional, ello es ya signo elocuente de malestar político. Existe, en efecto, una relación entre la democracia y la paz. Una vez tomada la decisión, previa madura reflexión, de comprar o recibir armas, el Estado no queda relevado de su responsabilidad.

Por el contrario, se encuentra ante nuevas obligaciones, la primera de las cuales es respetar las exigencias que el país exportador haya podido imponerle como condición de la transferencia.

Programas Cámara

Se solicite cambiar el régimen aduanero de las mercancías;.

Closed On:

No acreditar durante la inspección de supervisión de cumplimiento o del ejercicio de facultades de comprobación, que se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar las actividades por las cuales se le otorgó su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas. Tanto los gobiernos como los organismos internacionales tienen desde hace tiempo conciencia de esta carencia.

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